OBSERVATORIO DEL SISTEMA DE JUSTICIA DOMINICANO PROPONE LEY DE PREVARICACIÓN JUDICIAL

El Lic. Cesar Amadeo Peralta, presidente del Observatorio del Sistema de Justicia Dominicano llama la atención del Consejo del Poder Judicial de las comisiones de justicia del Senado y de la Cámara de Diputados a fin de que promuevan una ley de prevaricación judicial, que regule la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones cometidos por funcionarios y empleados del tren judicial y sus dependencias, ya que se ha estado convirtiendo en una practica, que jueces, fiscales o empleados judiciales y de la jurisdicción inmobiliaria, cometen fraudes, corrupción, cohecho, prevaricación, asociación de malhechores, forman organizaciones criminales en sus dependencias y es poco lo que se hace para que paguen por sus hechos ya que la sociedad dominicana no se siente resarcida por el daño cometido por estos al ser solamente cancelados o destituidos y casi nunca sometidos a la justicia ordinaria donde deberán aclarar y pagar por los delitos que se les comprueben fueron cometidos.

Sostiene el jurista Amadeo Peralta, que el 95% de los jueces y fiscales son personas serias  honestas pero que ese 5% restante daña la imagen del Sistema Judicial, lacerando significativamente la confianza de la ciudadanía en esa institución y poniendo muy en duda la seguridad jurídica a que aspiran todos los dominicanos.

El presidente del Observatorio del Sistema de Justicia Dominicano, insta al Consejo del Poder Judicial a seguir extirpando de sus filas a esos jueces que se les haya comprobado su vinculación con el narcotráfico y todo tipo de delitos en contraposición al sano ejercicio del derecho.

El Lic. Amadeo Peralta, hace un llamado al Consejo del Poder Judicial a prestar atención a las mafias que operan en los Registros de Títulos y en las Jurisdicciones Inmobiliarias de zonas turísticas como Puerto Plata, Moca, Samaná, El Seibo, Higuey, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Bani, Barahona y Pedernales, donde se despojan en muchas ocasiones propietarios a campesinos y hasta al Estado de sendas extensiones de terrenos con subterfugios legales.

La Rep. Dom. no alcanzara un verdadero estado social de derechos mientras la justicia sea aplicada de manera selectiva y no que se aplique a todos por igual, muy especialmente a aquellos que desde posiciones de poder y con mayor obligación para el cumplimiento de la ley, se confabulen para violar la misma y que su sanción sea retirarse a sus casas la mayoría de veces a disfrutar hasta de una pensión pagada por el propio Estado por mas aun, de los bolsillos de quienes pagan impuestos, cuyos beneficios lo reciben muchos de esos llamados a ser vigilantes de las leyes y al confabularse con sectores oscuros, salen siendo beneficiados del mismo modo con una pensión y sin sufrir un régimen de consecuencias que es el mismo que sufren los ciudadanos comunes que se ven envueltos en infracciones menos graves.

Seria necesaria una ley especial de prevaricación judicial que regule las acciones contrarias a la ley, cometidas por funcionarios judiciales al igual como hay una ley de policía, una ley de armas, una ley de notarios, una ley de cobro de honorarios de abogados, una ley de condominios, una ley de terrorismo, entre otras.